REDES DE PROSTITUCIÓN
Asesinato a sueldo de una testigo de cargo

Un sicario mató en Brasil a la testigo clave de una red de prostitución en Tarragona. El asesino afirma que el cabecilla de la trama española ordenó su muerte

FERRAN BALSELLS/ FRANCHO BARÓN /MONICA BELAZA

 

DOMINGO - 29-11-2009

Letícia Peres Mourão temía por su vida. Tenía 31 años y llevaba largo tiempo ejerciendo la prostitución en España para costearse la vida. Regresó a Brasil en diciembre de 2008 para reencontrarse con su hijo de 12 años y alejarse un tiempo de un país en el que decía recibir amenazas constantes por haber denunciado a un proxeneta español. "Si algún día me pasa algo, ocúpate de mi hijo como si fueras su madre", le dijo a la esposa de su ex marido. Tres meses después recibió un tiro en la cabeza.

La mujer había trabajado en un burdel de Tarragona en el que las meretrices eran obligadas a hacer hasta 40 servicios sexuales al día y apenas podían salir del piso en el que se prostituían. Sólo aguantó 10 días este régimen, y denunció al dueño del piso. Éste, según la fiscalía de Tarragona, controla una red con varios locales y está acusado de siete delitos de proxenetismo por los que la justicia pide 28 años de cárcel. Leticia fue asesinada el pasado 6 de marzo en Brasilia por un matón a sueldo llamado Lúcio Flávio Barbosa, un chico de 20 años que vivía en una favela de Guaraparí, a 1.300 kilómetros de la capital. Barbosa fue a su encuentro con 900 reales en el bolsillo (unos 345 euros) y un revólver del calibre 38. Una vez allí, el pistolero se puso en contacto con la mujer mediante mensajes de teléfono móvil; le dijo que era muy guapa y que quería proponerle un negocio. Ella aceptó reunirse con él. Se vieron en un bar. Tomaron tres cervezas y él le ofreció un masaje en los hombros. Se colocó detrás de ella y le descerrajó un tiro en la nuca. Después huyó en una moto conducida por su cómplice, un motoboy que recibió 500 reales (192 euros), un reloj y un teléfono móvil por su colaboración. Barbosa fue detenido por la policía cuatro meses después. Confesó y puso nombre a las personas que le habían encargado el asesinato. Habló de Clénio Otacílio da Silva, un intermediario de su misma región que le había encargado el trabajo y prometido 4.000 reales (unos 1.500 euros); y de un español que la quería muerta y que era quien iba a pagar por el crimen. "Los delató, entre otras razones, porque no llegó a cobrar el dinero", explica Marcelo Leite Borges, el fiscal brasileño que lleva el caso. Clénio Otacílio da Silva está en paradero desconocido. La policía brasileña lleva meses buscándolo infructuosamente y cree que podría haber huido a España. ¿Quién es "el español" que encargó el crimen? El asesino dio varios datos: aseguró que era "dueño de prostíbulos"; que Letícia "había trabajado para él"; que ella le había denunciado; que el asesinato pretendía provocar que el proceso judicial que se seguía en España contra él se extinguiese; y que tenía una esposa brasileña. Con estos datos en la mano, más las investigaciones que se llevaron a cabo después de la muerte de Letícia, la policía y la fiscalía brasileña dieron con un nombre que encajaba con todos los datos proporcionados por el sicario: Miguel Arufe, un tarraconense de 40 años apodado Antonio, dueño de varios burdeles. Ha sido denunciado por siete mujeres por las condiciones que impone a las prostitutas. La primera en hacerlo fue Letícia Peres. El juicio aún no se ha celebrado. El acusado está en libertad y sigue abriendo prostíbulos. En Brasil, el fiscal Leite Borges lo señaló públicamente como el supuesto inductor del crimen de Letícia Peres y su nombre fue reproducido en la prensa brasileña. "Lúcio Flávio declaró ante la policía que la orden de asesinar a Letícia vino de España", explica Leite Borges. "También sabemos que ella había denunciado a Miguel Arufe (Antonio). Hicimos la relación más lógica entre los dos elementos, investigamos con los amigos y conocidos de Letícia y nuestras sospechas lo apuntan como autor intelectual del crimen. Ella estaba testificando contra él en un proceso judicial, y contra Carolina Jiménez. Tenemos las declaraciones de Letícia ante la policía española y algunas copias del proceso contra Arufe en Tarragona. El sicario fue contratado por un tercero, Clénio, que es la conexión brasileña de la persona que encargó el crimen. Existen indicios que conducen a Arufe". A pesar de esta denuncia pública, el fiscal no lo ha procesado. Ve problemas para hacerlo porque, entre otras cosas, no cree factible que España acepte la extradición de uno de sus nacionales a Brasil para que sea juzgado. La solución del caso, sea quien sea el culpable, pasará por la cooperación judicial y policial entre los dos países. El abogado de Miguel Arufe, Tomás Gilabert, niega cualquier relación de su cliente con la muerte de la mujer y asegura, además, que presentará una querella por calumnias contra el fiscal brasileño. Arufe suma diez detenciones policiales a sus espaldas, la mayoría por delitos relativos a la prostitución, pero nunca ha sido condenado. "La relación entre este asesinato y el proceso judicial abierto contra mi cliente es absurda", precisa el letrado. "La declaración de esta testigo no merece credibilidad. Nunca se justificaría que fuera asesinada para que no declarara. Con su muerte no se ganaría nada", subraya. La denuncia de Letícia responde, según Gilabert, a una rabieta con los responsables del burdel en el que trabajó. "Ella reclamaba dinero y se puso a denunciar a cualquiera. El señor Arufe se dedicó a este negocio, pero hará unos diez años realquiló los pisos y se desentendió de todo", prosigue el letrado. La policía y la fiscalía brasileña están convencidos de que el asesinato de Letícia se ordenó desde España. Por eso el dispositivo de la policía brasileña para capturar al sicario se llamó Operación Barcelona, ciudad en la que Letícia había pasado los cuatro últimos años y en la que se encuentra el principio de esta historia. La instrucción judicial y la investigación de las autoridades españolas desvelan qué ocurrió antes de que alguien comprara su muerte. La brasileña llegó a Madrid el 24 de septiembre de 2004 y se mudó a Barcelona semanas después. Se quedó en el país sin tener los papeles en regla y empezó a moverse dentro de los circuitos de la prostitución para subsistir y pagarse sus "vicios", según explica una amiga. Compartía un apartamento pequeño con otra chica en el número 48 de la avenida del Paral.lel pero viajaba a menudo. Pasaba días, o semanas, en burdeles de distintos puntos de España. En el mismo edificio en el que residía tenía un novio colombiano, Germán, pero cada uno hacía su vida. Se llevaban bien o mal según el día. En octubre de 2005, una conocida le habló de un tal Antonio, dueño de varios prostíbulos en Tarragona y Barcelona. Le dijo que buscaba chicas para renovar su oferta. La primera vez que hablaron por teléfono, Antonio (Miguel Arufe) la avisó de que sus condiciones de trabajo eran muy duras, según la declaración de Letícia. Tendría que estar disponible 24 horas al día, aceptar a cualquier cliente y pagar 200 euros de fianza que sólo recuperaría si trabajaba al menos 21 días en el piso-burdel. Dispondría de dos horas al día para dormir y sólo cuando estuviera muy cansada podría ir al piso de abajo a descansar cuatro o cinco horas más. Letícia aceptó y se fue a Tarragona. Empezó a trabajar en el segundo piso de la calle del Gasómetro, número 38, en el centro de la ciudad. Cobraba 25 euros por un cuarto de hora de sexo. Se quedaba con 15 y le daba los otros 10 a Arufe. Si el trabajo era más largo, se repartían las ganancias a partes iguales. Una nigeriana de 25 años que se hacía llamar Ana (su nombre real es Evelyn Odigie) era la encargada de la casa. Cobraba a las chicas, pero sobre todo les ponía multas. Las mujeres tenían permiso para salir de la vivienda sólo 45 minutos al día. Por un minuto de más debían pagar 20 euros. Si rechazaban a un cliente, otros 20. Si se quedaban dormidas, 20 más. Si bajaban a la cafetería de abajo, otro billete azul de sanción. El escaso tiempo de descanso resultó ser insoportable. El trabajo era a destajo y podía llegar a las 20 horas de servicios diarios si había suficiente clientela. Ellas debían estar siempre dispuestas, según la versión de Letícia y de otras mujeres que trabajaron allí. Arufe iba a la casa una o dos veces al día a recoger la recaudación. Otro hombre, José López Gallardo, de 43 años, vigilaba que los clientes no causaran problemas, controlaba los servicios y gestionaba el traslado de las chicas de piso en piso, según las declaraciones de las mujeres ante la policía. Varios rumanos hacían labores de seguridad. Con ella trabajaban otras nueve chicas, todas brasileñas y en situación irregular. Si la policía acudía al piso por cualquier motivo, se descolgaban por la ventana y saltaban al patio del primer piso, también de Arufe. La policía subraya que a cada registro del piso las mujeres sujetas a prostitución se les escapaban por el tragaluz. Arufe tenía al menos tres burdeles más en otras tantas calles de Tarragona: en Estanislao Figueras, 53; Gobernador González, 11, y Ramón y Cajal, 34. Todos separados por pocos centenares de metros y alquilados a nombre de Miguel Arufe Martínez o Carolina Jiménez Villalba. En Vilanova i la Geltrú (Barcelona) estaba el quinto local. Los anuncios de los prostíbulos, que siguen publicándose a diario en la prensa local, evidencian la marca del grupo: en todos ellos se publicita a bombo y platillo que las chicas sólo cuestan 25 euros y atienden a cualquier hora del día. La vinculación entre estos locales es evidente, sostiene la policía: Arufe y su mano derecha se mueven continuamente de uno a otro transportando bolsas y mujeres. Cuando un local estuvo en obras, un letrero en la entrada especificaba que las chicas atendían temporalmente en otro de los pisos de la red. Cuando concluyeron las reformas, un cartel anunciaba: "Abrimos a las 19.00 h". Sobre las ocho de la tarde de ese día, varios agentes vieron a Arufe salir del inmueble para cambiar el rótulo por otro: "Abrimos a las 22.00 h". Letícia no aguantó el ritmo de vida de Gasómetro. Tras 10 días de hasta 40 servicios diarios, quiso marcharse. Le pidió a Arufe que le devolviera los 200 euros pero él sólo accedió a llevarla al prostíbulo de Vilanova i la Geltru, según la versión de la chica. Ella dijo que salía a comprar cigarrillos y fue directa a una comisaría. Denunció a Arufe el 15 de noviembre de 2005 por proxenetismo y por imponer unas condiciones laborales esclavistas. No fue la única en hacerlo. El juzgado de instrucción número 5 de Tarragona abrió un procedimiento en el que han declarado siete mujeres que trabajaron en los lupanares de la red. Los testimonios coinciden con los detalles facilitados por Letícia. Aparte de Arufe están imputados Evelyn Odigie, Adiae Patiente, Vanilde Rodrígues -encargadas de tres de los burdeles-; Carolina Jiménez, arrendataria de los dos pisos de Gasómetro; José López Gallardo, Ramaz Mukhigulashvili y Virginijus Gustis. Sobre estos tres últimos, el fiscal ha pedido el archivo de las actuaciones, a pesar de que el juez de instrucción estima acreditado que Gallardo actúa como mano derecha de Arufe y que los otros dos implicados realizan tareas de "vigilancia y recaudación" en el burdel de Vilanova i la Geltrú. De hecho, vivían en una tienda de campaña instalada en la terraza del prostíbulo. El fiscal y la acusación particular han pedido 28 años de prisión por proxenetismo para Miguel Arufe y Carolina Jiménez; nueve para Evelyn Odigie (la encargada de Gasómetro que se hacía llamar Ana), a la que se acusa también de faltas de lesiones y amenazas infligidas a una de las chicas (existe un parte médico de las lesiones incorporado al procedimiento); tres años para Adiae Patiente y seis para Vanilda Rodrigues Pimentel, otras dos de las encargadas. El fiscal considera probados los hechos que denunció Letícia. El juez de instrucción afirmó que "la presente investigación permite aseverar la existencia de una organización jerarquizada con fines de explotación de la prostitución en diversas casas de Tarragona y en la de Vilanova para lucro". Destaca una lista exhaustiva de evidencias: las declaraciones de los testigos de cargo, las declaraciones de coimputados, las diligencias de entrada y de registro, la identificación de mujeres en situación irregular en los diferentes establecimientos y los anuncios de los burdeles en los medios de comunicación. Así lo atestigua un escrito del magistrado fechado en octubre de 2007, menos de dos años antes del asesinato de Letícia. El juicio, que ha quedado desprovisto de una testigo esencial, aún no tiene fecha para celebrarse. Los burdeles siguen funcionando a toda máquina y los ingresos que obtienen sus dueños sólo se ven amenazados por la crisis económica. Ninguno de los imputados está en prisión preventiva. Nadie ha pedido su cierre cautelar. La fiscalía de Tarragona alega que esta medida sólo se solicita "en casos extremos". Algo ha cambiado desde que Letícia denunció a la red. El grupo de Arufe controlaba entonces cinco prostíbulos; cuatro años después, los ha ampliado a al menos ocho. Sus chicas cubren ahora la demanda de Barcelona, Reus y Tortosa. Ha fundado nuevas empresas y ha abierto locales de negocios pese a las pruebas que detallan la supuesta ilegalidad de sus actividades. Sólo un detalle permite apreciar el efecto de la causa judicial abierta por el testimonio de Letícia. Los pisos se han llenado de carteles que precisan que cada mujer debe anotar por sí misma los servicios realizados. "Ninguna chica puede apuntar el servicio de otra, tenéis que ser autónomas. Así no nos podrán acusar de delitos de proxenetismo", rezan los papeles escritos a máquina y sujetos a las paredes con celofán. El local que empleó a la asesinada pasa por el burdel de un barrio obrero cualquiera. Paredes de colores chillones, olor rancio y cuadros de palmeras. Camas que se cuentan por habitaciones oscuras y dotadas de aire acondicionado, modernas cabinas de ducha y pantallas de plasma jadeando al máximo volumen. En un extremo, un cuarto plagado de colchones en el que duermen las chicas, todas de origen suramericano. Dicen no conocer a Letícia porque la rotación de las chicas es frenética: Laura llegó del archipiélago canario hace dos lunes y se irá dentro de de tres días; Luna vino de Valencia y ofrecerá sus servicios una semana; Melanie acaba de llegar de Zaragoza y se quedará allí un mes. Aseguran haber recalado en los prostíbulos de Antonio porque ahí las han colocado sus "contactos". Son piezas de un engranaje que capta, distribuye y recoloca a mujeres para que se prostituyan a lo ancho del país. Una rigurosa organización de trabajo temporal. "Por favor, no se lo expliques a la señora", suplica una de las chicas, joven y morena. "Si saben que no follamos, tendré que pagar multa", añade calcando el testimonio de Letícia. Los distintos inmuebles siguen pautas similares: la mayoría están dispuestos en edificios viejos de dos plantas. En la de arriba, el negocio; abajo, los vigilantes. Mucha discreción y ninguna señal en la entrada. Basta con mantener el portal siempre abierto y una oferta insuperable. "Aquí trabajamos todo el día, 24 horas, pueden venir siempre que quieran", repite con sonrisa forzada la encargada del piso. Los horarios también casan con la declaración de la testigo asesinada de un tiro a bocajarro. La gestión de los burdeles se realiza a través de sociedades como Camagran Proyectos e Inversiones S. L. (cuyo fin social es el "servicio de cafés y bares"), o Dance & Music of the World S. L. (dedicada a las "empresas de espectáculos"). Miguel Arufe es administrador de ambas, que acumulan numerosas sanciones administrativas impagadas y expedientes municipales sin resolver. Arufe, aparentemente, quiso darle a su labor un barniz filantrópico. La fachada del burdel de la calle del Gasómetro lució hasta el pasado verano la placa de una ONG: Andando sin Fronteras. Nunca llegó a registrarse como asociación por defectos de forma, pero una portavoz de la Generalitat confirma que se intentó inscribir como tal. La ONG pretendía dedicarse, entre otras cosas, a "impulsar las relaciones internacionales entre miembros y asociaciones afines". Una nómina falsa de Andando sin Fronteras sirvió de aval a Arufe para alquilar el piso que funciona como prostíbulo en la calle Gobernador González. Después de denunciar, Letícia regresó a Barcelona. Continuó prostituyéndose y mantuvo una relación intermitente con el colombiano Germán, que ingresó en prisión a finales de 2008 por una acusación de ella por malos tratos. Letícia y Germán denunciaron repetidamente a Arufe por coacciones. Germán denunció ante la policía que el presunto cabecilla de la red apareció un día en su domicilio con dos matones. Le pidió que bajara a hablar con él y le dijo, según su versión: "Convéncela de que quite la denuncia. Si no, tengo poder para acabar con ella. Los dos guardaespaldas que tengo aquí la van a quitar de en medio. Sé lo de su hijo, que vive en Brasil". La versión de Arufe sobre aquel encuentro es otra: "Manifiesta no conocer a la señora Letícia, clarificando, que él sepa, que puede conocerla y no ser consciente de ello", recoge el acta judicial. Aseguró que Germán le había chantajeado pidiéndole 50.000 euros a cambio de retirar la denuncia. "No amenacé a nadie pero me enfadé y le llamé de todo", declaró el imputado. Tras conocer la denuncia, el juzgado de Tarragona advirtió a los Mossos d'Esquadra de que Letícia era una testigo clave en la causa por prostitución abierta contra Arufe y que adoptaran todas las medidas policiales oportunas para protegerla. "Le hemos ofrecido acceder a una casa de acogida y lo ha rechazado porque allí hay muy mal ambiente", recogen las diligencias de la policía catalana. "Ha dicho que se buscaría un piso de alquiler y que volvería a dedicarse a la prostitución para ganar dinero", cierra el documento. No constan más gestiones para proteger a Letícia. Por esa y otras denuncias del mismo tenor, por amenazas y coacciones, se abrió un procedimiento penal que acabó absolviendo a Arufe. Germán, que estaba en la cárcel por malos tratos, cambió su declaración en el juicio: negó que hubiera tenido relación sentimental alguna con Letícia y dijo que no había visto en su vida al acusado. Un amigo íntimo de la pareja comenta que Germán temió que Arufe tuviera algún contacto en la cárcel en la que estaba preso, y asegura que por eso se desdijo de todo. Su arrepentimiento por la muerte de su pareja no ha cesado desde el asesinato, asegura el conocido. Ambos siguieron en contacto hasta el final. Letícia llamó a Germán dos días antes de morir para sorprenderle: ya tenía el billete de regreso a Barcelona. Habló también con una de sus amigas brasileñas en España. "Dijo que tenía muchas ganas de volver, pero al día siguiente la mataron", recuerda. "Ella creía que su cabeza estaba encargada. Algunas compañeras le decían que tuviera mucho cuidado; que Antonio (Arufe) estaba muy enfadado por la denuncia. Sabía que podía morir". "Letícia no tenía miedo de nada", afirma uno de sus mejores amigos. "Era fuerte y guapa como Marilyn Monroe y hacía lo que quería. Por eso denunció. No le pareció bien lo que hacía Arufe". Su perfil en Orkut, la red social más popular de Brasil, todavía está abierto. Aún puede leerse la descripción que Letícia hizo de sí misma: "Una mujer con mucho amor por la vida". Le gustaban mucho las películas de terror. La policía brasileña sigue investigando. El burdel en el que ella trabajó, junto a los otros siete vinculados a Arufe, también sigue atendiendo clientes. 24 horas al día.